Desde finales del año pasado, las familias ecuatorianas han estado bajo demasiada presión; presión económica, de violencia y sicológica, especialmente.
Las fuertes medidas presidenciales para sacar al Ecuador de una quiebra estatal, el aumento de los asaltos y asesinatos y la inmensa dificultad para mejorar su calidad de vida hacen de los ecuatorianos, hoy, personas altamente vulnerables.
La desesperación diaria de la mayoría de los ciudadanos por obtener ingresos para sobrevivir u obtener un empleo se vuelve inmanejable.
En la calle, todos los días, se habla de un país paralizado económicamente, donde la ventas bajan y bajan a todo nivel, muy pocas personas invierten y menos contratan personal.
Las conversaciones con ideas creativas para irse lo más pronto del Ecuador, en casi todos los niveles socioeconómicos, se multiplican.
Este sentimiento de gran desesperanza quizá, también, sea el suyo, pero lo cierto es que este es el Ecuador de julio del 2024. Incluso, el Banco Central acaba de anunciar que el país entró en recesión.
La presión de violencia y sicológica por la nueva ola de robos y asesinatos, también, ya es inmanejable para las familias, que hasta han normalizado noticias de crónica roja, que antes eran impensables en nuestra cotidianidad. El terror social es diario.
Según datos del Ministerio del Interior, las muertes violentas subieron de 367 en febrero del 2024, a 592 en junio pasado.
Y a pesar de que el presidente, Daniel Noboa, tuvo el liderazgo y decisión de tomar medidas económicas y de combate a la delincuencia que eran necesarias (y en un fenómeno no tan común, las familias de la nación permanecieron en relativa calma) parece que el tiempo de espera social está por acabar.
Los ecuatorianos viven en la expectativa de que los esfuerzos económicos que hacen para financiar un estado caro retornen a sus bolsillos, en mejores servicios públicos en educación, salud, obra pública, inversión estatal y privada, inclusión, empleo, etc.
No nos olvidemos que Ecuador, actualmente, registra indicadores sociales alarmantes. Por ejemplo, el 66% de las personas que viven en la zona rural están en la pobreza (menos de 90,08 dólares al mes) y pobreza extrema (menos de 50,76). Así, resulta urgente que el gobierno actúe de manera decisiva para evitar que esa expectativa social de mejores días termine en un descontento generalizado, que pueda estallar durante los últimos meses del 2024. Entonces, ¿hay el riesgo de un próximo estallido social y un 2025 inestable? Pues sí. El actual mandatario debe iniciar una gran cruzada social urgente. Parece que la mecha es cada vez más corta.